MAS MOVILIZACION CIUDADANA

PARA MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA
El proceso electoral que acaba de concluir ha puesto de manifiesto el notable deterioro del sistema partidario, expresado en prácticas antidemocráticas de los partidos en la selección de sus candidatos, enorme inequidad en la competencia proselitista, impunidad ante las violaciones de la Ley Electoral y los bochornosos actos de violencia, clientelismo, transfuguismo, falta de transparencia en el origen y destino de los excesivos fondos utilizados en la campaña, entre otros delitos y transgresiones. Ha resultado decepcionante el gran número de denuncias de fraudes e irregularidades, tanto de un partido contra otro, como en el seno de los propios partidos. Este comportamiento de los partidos ha aumentado la pérdida de confianza de la ciudadanía en los actores políticos y disminuido el interés en las elecciones. No es casual que en los principales centros urbanos, donde reside la población menos vulnerable al clientelismo, más de la mitad de la población no acudiera a las urnas.

La actividad política debe ser adecentada, ejercida con verdadera vocación de servicio, en lugar de utilizarla como medio para atraerse privilegios y riqueza o simplemente acumular poder. Si no hay un cambio radical en la forma de ejercer la política y administrar el Estado, no será posible fortalecer la institucionalidad democrática, promover el estado de derecho e impulsar un desarrollo nacional equitativo e inclusivo.
Las instituciones que suscriben este documento, preocupadas por la profundización del deterioro institucional y la falta de principios éticos en el ejercicio de la política y la administración del Estado, se comprometen a intensificar la vigilancia sobre los poderes públicos a fin de promover que la política y la conducción del Estado se ejerzan con responsabilidad. Exhortamos a la ciudadanía a emprender acciones en torno a este objetivo y, junto a la prensa nacional, mantenerse muy vigilante de los cambios institucionales que se espera tengan lugar próximamente, sobre todo los derivados de las nuevas disposiciones constitucionales. Consideramos prioritario prestar atención a los siguientes asuntos, los cuales constituyen retos institucionales y sociales que las autoridades recién electas, el Presidente de la República y los partidos políticos deberían enfrentar con la altura que demanda la situación que hoy vive del país.
1.-Integración del Consejo Nacional de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Los integrantes del Poder Judicial deben seleccionarse en estricto cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos en la Constitución, de manera que haya garantía de que los mismos actuarán con independencia e imparcialidad. La ley que definirá el funcionamiento y organización del Consejo del Poder Judicial deberá responder a la letra y espíritu de lo establecido en la Carta Magna.
Particular importancia adquiere la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, organismo responsable de la designación los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, además de la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. La ciudadanía debe tomar muy en cuenta que el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son definitivas e irrevocables, es la entidad que tendrá la responsabilidad de "garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales".
2.-Elección del Defensor del Pueblo
Estaremos muy pendientes de las ternas que la Cámara de Diputados propondrá al Senado para la elección del Defensor del Pueblo y sus adjuntos, disposición que fue incorporada a la nueva Constitución, luego de desconocerse durante años la Ley mediante la cual fue instituido este organismo. Esperamos que esta nueva entidad cuente con la independencia y los recursos necesarios para cumplir con su objetivo.
3.-Reestructuración de la JCE
El órgano a cargo de la regulación de las actividades políticas y los procesos electorales debe ser fortalecido. Esperamos que las nuevas disposiciones constitucionales respondan a este objetivo, lo cual dependerá, en gran medida, de la responsabilidad con que actúe el Senado de la República en la elección del presidente de dicho organismo, sus 4 miembros y suplentes.
También esperamos que el Consejo Nacional de la Magistratura adopte una decisión correcta respecto a la integración del Tribunal Superior Electoral, que según la Constitución estará integrado por "no menos de tres y no más de cinco jueces electorales y sus suplentes". Recomendamos que dicho tribunal sea integrado por solo tres jueces de reconocida integridad y sus suplentes, lo que haría mas funcional el organismo y evitaría un gasto innecesario de fondos públicos.
4.-Cámara de Cuentas
La Cámara de Cuentas debe mejorar sustancialmente su desempeño como "órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado". Demandamos que la Cámara de Cuentas y el Congreso den a conocer el plan de auditoría de cada año y hagan del conocimiento público los resultados de cada informe de auditoría al momento de concluir el mismo. La ciudadanía debe mantenerse vigilante para que el proceso de designación de los nuevos miembros de dicho organismo se lleve a cabo de manera abierta y transparente, garantizando que las ternas que someterá la Cámara de Diputados al Senado de la República estén constituidas por personas con suficiente capacidad, honestidad e independencia de criterios.
5.-Reforma de la Ley Electoral y Proyecto Ley de Partidos.
Como ya hemos visto, los partidos se han convertido en maquinarias de conquista de votos por cualquier medio, ya sea mediante el reparto de prebendas, engaños, uso indebido de recursos públicos y otras fuentes de sospechosa legitimidad. Urge adoptar medidas para mejorar el sistema electoral, poner freno al derroche de recursos en actividades partidarias y adecentar el ejercicio de la política.
La acción ciudadana es fundamental para generar los cambios profundos que requiere el sistema de partidos, a lo que contribuiría contar con instrumentos legales más eficaces, por lo que es necesario reformar la Ley Electoral y aprobar el proyecto de Ley de Partidos que desde hace una década ha estado en discusión, pero que los partidos no han mostrado interés en aprobar, sobre todo cuando están en el poder, por la ventajas particulares derivadas de la falta de regulación y de la defectuosa aplicación de las disposiciones vigentes.
El próximo torneo electoral debe organizarse sobre la base de una nueva legislación que haga realmente competitiva la campaña proselitista y menos costosas las elecciones, que contenga disposiciones para enfrentar y castigar de manera severa la denigrante práctica del clientelismo, el mal uso de los fondos públicos y otras violaciones a las normas establecidas. Autoridades elegidas en un ambiente de falta de equidad en la competencia electoral, con tanta influencia del poder del dinero e impunidad ante elementales violaciones a las leyes vigentes, no tienen suficiente legitimidad. Una adecuada legislación, con mecanismos para hacerla respetar, contribuiría a enfrentar este grave problema., sobre todo si la ciudadanía muestra mayor capacidad de demanda y movilización.
6.-El barrilito, el cofrecito y las exoneraciones de vehículos
La sociedad debe utilizar todos los medios a su alcance para lograr que estos ilegítimos e irritantes privilegios sean eliminados de inmediato. Los senadores y los diputados de todos los partidos están abusando flagrantemente del poder para beneficio personal, de sus familiares, allegados y simpatizantes, lo cual está tipificado como corrupción y prohibido expresamente por la constitución y las leyes.
Mientras los legisladores continúen apropiándose de recursos de manera ilegítima, el Congreso carecerá de autoridad para cumplir su rol de fiscalización del uso de los recursos del presupuesto nacional por parte de las demás instancias del Estado. Tampoco tendrá autoridad moral para aprobar nuevas cargas tributarias a la población o gravar bienes y servicios actualmente exentos, como se ha comprometido el gobierno en el acuerdo vigente con el FMI, y mucho menos para establecer regulaciones a los excesivos salarios, gastos de representación y otros tipos de remuneraciones que, al igual que los legisladores, disfrutan de manera indebida funcionarios de otras instancias del poder público, lo que constituye un insulto en una sociedad donde el salario mínimo es de alrededor de 6 mil pesos.
Identificaremos los instrumentos legales que pudieran utilizarse para detener estás prácticas corruptas de los legisladores y las acciones ciudadanas a emprender para tal propósito.
7.-Desempeño del Congreso Nacional y los Ayuntamientos
Es necesaria una mayor vigilancia ciudadana del desempeño de los legisladores y las autoridades municipales. Los congresistas tienen como función legislar y fiscalizar en representación del pueblo, pero la población sabe que muy pocos legislan y prácticamente ninguno fiscaliza, de manera que no cumplen con el rol de "supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance". En lugar de tomar acciones para el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos, han hecho todo lo contrario; servirse del poder legislativo en beneficio personal (barrilito, cofrecito, exoneraciones) y hacerse de la "vista gorda" ante las permanentes denuncias de corrupción en diferentes instituciones públicas.
En cuanto a los ayuntamientos, es bien conocido que la Ley No.176-07 que rige el funcionamiento de los mismos se cumple de manera muy parcial y que gran parte de las administraciones municipales manejan el presupuesto sin transparencia ni rendición de cuentas, como lo evidencian reiteradas denuncias de corrupción y algunos sometimientos a los tribunales de autoridades municipales por acusación de malversación de fondos.
8.-El presupuesto nacional. Calidad del gasto y transparencia.
Exigimos políticas y acciones destinadas a garantizar calidad y transparencia del gasto público. En tal sentido, fortaleceremos el seguimiento al manejo del presupuesto nacional en procura de que el mismo se convierta en una real herramienta de desarrollo; que se distribuya con equidad, en atención a las necesidades prioritarias de los distintos grupos poblacionales.
Exhortamos a la ciudadanía a movilizarse de manera decidida en procura de que no se difiera más el cumplimiento de lo que establece desde hace más de 12 años la Ley General de Educación No. 66-97 sobre la asignación presupuestaria al sector educativo, y a demandar que la salud pública cuente con los recursos mínimos necesarios, incluyendo las partidas requeridas para alcanzar las metas de la Ley de Seguridad Social que, conforme a lo que establece la propia ley, debieran ser completadas en mayo del próximo año. Además, continuaremos reclamando el cumplimiento de las contribuciones del gobierno central a las alcaldías, conforme a la ley sobre la materia.
Como lo establece la Constitución, el presupuesto nacional debe estar orientado a proteger los derechos de la ciudadanía en materia de empleo, acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al agua potable y otros servicios básicos, lo que requiere una actuación de los funcionarios públicos apegada a elementales principios éticos y al respeto de las normas vigentes. En tal sentido promoveremos que la Estrategia Nacional de Desarrollo se elabore conforme a lo que establece la Ley de Planificación e Inversión Pública, mediante una efectiva participación de la ciudadanía a través de sus organizaciones representativas, tanto en términos sectoriales como geográficos.
9.-Institucionalidad, combate a la corrupción
Es urgente frenar el deterioro moral e institucional de las estructuras políticas y de los organismos del Estado. Ambas estructuras exhiben una retroalimentación perversa. La falta de democracia, las trampas, la corrupción y la ausencia de ética en los partidos, son conductas que la dirigencia de los partidos lleva a las instituciones públicas, y con los recursos materiales e institucionales del poder público impulsan el clientelismo, el favoritismo y las prácticas corruptas, como medios de "fortalecimiento" de las estructuras partidarias. Es un círculo vicioso que hay que destruir, pues neutraliza todo esfuerzo por construir una mejor nación. Desafortunadamente, se trata de males que permean todas las instancias de nuestra sociedad, pero no hay dudas de que la mayor cuota de responsabilidad le corresponde a los funcionarios públicos y al liderazgo político y social, que deben ser los primeros en retomar el rumbo de la ética.
Para cambiar este deplorable estado de cosas, no bastan nuevas leyes, ni reformas constitucionales, es necesario un vigoroso ejercicio de ciudadanía responsable, de movilización de los sectores menos vulnerables a las dádivas y privilegios que reparten los políticos. Conviene recordar que somos uno de los países de la región que más ha avanzado en los últimos años en términos de reformas institucionales formales, pero al mismo tiempo uno de los países que menos cumple con las leyes.
Deben continuar los esfuerzos para impulsar el respeto de las leyes, en especial aquellas relativamente recientes, cuya aplicación contribuiría a revertir el deterioro institucional y a crear un ambiente más propicio para el desarrollo económico y social, como la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, Ley de Función Pública, Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, Ley del Distrito Nacional y los Municipios, entre otras.
En otro orden, cabria preguntarse si vale la pena destinar recursos públicos para el mantenimiento de entidades como la Comisión Nacional de Ética y el Departamento Contra la Corrupción Administrativa, que tan pocos resultados pueden exhibir en materia de lucha contra la corrupción. No obstante, estas entidades, al igual que el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas y todos los mecanismos de supervisión, rendición de cuentas y detección de la corrupción pudieran mejorar sustancialmente sus servicios a la sociedad, si existiera la necesaria voluntad política para fortalecerlas y hacer que cumplan su misión. Mientras estos mecanismos muestran evidentes debilidades, el narcotráfico se expande, penetrando cada vez con mayor fuerza las instituciones públicas, entre éstas, las encargadas de combatirlo.
Si no hay volunta política para enfrentar la impunidad, la lucha contra la corrupción no tendrá resultados. Las autoridades tienen que actuar enérgicamente en el cumplimiento de la ley; las instituciones citadas tienen que comenzar sin más demora a tomar acciones concretas, ejemplarizadoras, que devuelvan la confianza a la ciudadanía en dichos organismos y en el sistema de justicia, y sirva de estímulo para continuar haciendo denuncias sobre actos de corrupción. En tal sentido, consideramos propicio recordar la investigación que hace cierto tiempo realizó Participación Ciudadana, la cual reveló que de 227 expedientes de corrupción sometidos a la justicia, solo 6 casos habían tenido sentencias irrevocables. De éstos, en 5 la sentencia fue de descargo y el único caso que había tenido condena fue favorecido con retiro de la acusación del Ministerio Publico, por orden del Poder Ejecutivo. Hasta el momento de la referida investigación, los 221 casos restantes habían prescrito o se encontraban en un limbo jurídico.
A los fines de promover un mayor control social sobre la gestión pública, sería conveniente que el Congreso apruebe la ley sobre participación social, acompañada de los mecanismos que garanticen su aplicación.
10.-Reflexión final
La forma de ejercer la política tiene que cambiar. El dinero no debe ser el factor determinante del acceso ciudadano a posiciones dentro de un partido y en el aparato estatal, mucho menos cuando se desconoce el origen de los fondos destinados al proselitismo político. Cada día se observa mayor permisividad en la administración pública y un deterioro institucional de las estructuras políticas, económicas y sociales del país.
Las organizaciones sociales necesitan reactivarse, predicar con el ejemplo, no reproducir los males que afectan a los partidos políticos, articularse mejor y emprender acciones conjuntas para lograr los cambios que con urgencia requiere nuestra sociedad. En este esfuerzo deben participar los políticos y funcionarios públicos con verdadera preocupación por resolver los principales problemas nacionales, todos aquellos que hayan demostrado en la práctica un real compromiso con la institucionalidad democrática y el ejercicio ético de la función pública.

La Lucha
Fundación Justicia y Transparencia (FJT)
Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO)
Centro Juan XXIII
Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Inc. (AEIH)
Federación de Asociaciones Industriales, Inc. (FAI)
Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo
Fundación Pro-Bien
Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA)
Ciudad Alternativa
Participación Ciudadana
Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes
Solidaridad Fronteriza, Dajabón
Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA)
Radio Santa María, La Vega
Centro Fe y Cultura Manresa
Colectiva Mujer y Salud
Sociedad de Desarrollo de la Comunidad de Gualey (SODECOGUA)
Comité de Organizaciones de la Zona Norte del D. N. (COZONO)
Fundación Mahatma Gandhi, Las Terrenas
Programa Comunitario de Educación Integral Futuro Vivo
Hermanas Carmelitas de la Enseñanza
Centro Fe y Cultura Manresa Altagracia
Centro Bonó
Radio Marién, Dajabón
Fundación Ecosiembra
ASOMODIB Simón Bolívar
Junta de Vecinos La Trinitaria Simón Bolívar
MUSALUD Simón Bolívar
CODENCOSB Simón Bolívar
MODEVIJU Villa Juana
Junta de Vecinos Respaldo 6 Las Cañitas
COPADEBA Guachupita
COODEABRILCA 24 de Abril
FUNDACO Simón Bolívar
Junta de Vecinos Gregorio Luperón Villa Juana
MUCECA Capotillo
MUDECO Villa Juana
ASOACA Capotillo
CUASOBI Simón Bolívar
Junta de Vecinos Caamaño Deñó Villa María
OPSOCCAR Villa Juana
AMDEM Capotillo
COODEGLEY Gualey
Junta de Vecinos San Rafael Gualey
Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo- Scalabrinianas
Consejo de Organizaciones de la Región Oriental (CORO)
Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social de INTEC
Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer-CE-MUJER
Consejo de Unidad Sindical (CNUS)
Conferencia Dominicana de Religiosos (CONDOR)
Federación Nacional de Personas con Discapacidad, FENADID
Dominicanos por la Integridad (DXI)
Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ASODECU)
Círculo Juvenil de Prevención del Uso de Drogas, Inc. (CIJUPD)
Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo
Congregación del Santo Niño Jesús
Pastoral de Turismo de la Diócesis de San Pedro de Macorís
Vicaría de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo
Juntas de Vecinos de Don Juan, Monte Plata
Junta de vecinos de Sabana del Río, Monte Plata
Asociación cacao-cultores "Nuevos Rumbos", Monte Plata
Asociación de agricultores "José Rivera", Monte Plata
Junta de Vecinos de Cruce La Jagua, Monte Plata
Junta de vecinos Barrio "San José Obrero", Monte Plata
Asociación de mujeres campesinas "La Voz del Monte", Monte Plata
Comunidad Religiosa Hijas de Ntra. Sra. de la Misericordia, Monte Plata
Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE)
Centro Dominicano de Estudios de la Educación (CEDEE)
Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFIMO)
Acción Comunitaria por el Progreso (ACOPRO), Sabana Perdida
Foro Municipal de Boca Chica
Red Urbana Popular
Consejo de Desarrollo Comunitario de La Caleta
Organización para el Desarrollo de la Salud (ODESA), Azua
FUNDESCEFRON, Azua
Fundación Cultural Cofradía
Red Dominicana de Culturas Locales
Red Fronteriza por el Arte y la Cultura, Dajabón
Fundación Bienestar y Desarrollo Comunitario (BIDECO)
Coordinadora Don Bosco (CONDONBOSCO), Villa María, 27 de Febrero y Mejoramiento Social.
Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia, Inc. (FUDEVA

16 de junio de 2010.