El plan de regularización no resuelve lo fundamental
El proyecto de plan de regularización migratoria publicado por el Gobierno toma notoria distancia de las recalcitrantes posiciones sostenidas por algunos funcionarios sobre un problema que, desde cualquier ángulo que se mire, atañe básicamente a la población inmigrante haitiana y sus descendientes.
Aun una lectura no especializada del texto detecta diferencias sustanciales con los anteriores proyectos, en los que la impronta antihaitiana de sus gestores chirriaba al oído más sordo. De antología es el “informe” adjunto al proyecto sometido a la aprobación de Leonel Fernández en las postrimerías de su último gobierno.
El de ahora intenta enfrentar, y salvar, las consecuencias diversas del fallo del Tribunal Constitucional, dictado no solo de espaldas a la constitucionalidad dominicana anterior a 2010 y a los tratados y convenciones internacionales, sino también sin que los jueces pararan mientes en el efecto bumerán que desencadenarían.
La que se adquiere por naturalización es una nacionalidad mutilada: excluye, y no es poco, del derecho político fundamental de ser elegido a cargos de dirección del país al que se pertenece. Una especie de irredimible minoría de edad ciudadana.
Entre los aspectos destacables del plan actual está la previsión de condiciones especiales para facilitar la naturalización de los descendientes de extranjeros irregulares nacidos en el país y la suspensión de las deportaciones –un freno al febricitante neonacionalismo, ávido del orgásmico espectáculo de repatriaciones masivas e inmediatas de haitianos—. Pero el problema fundamental, el de la nacionalidad, continúa irresuelto.
Se pretende –no importa si de buena fe— que los privados de su derecho de nacionalidad por el TC, lo readquieran vía la naturalización. Es decir, que dominicanos se nacionalicen dominicanos. Un absurdo indigerible.
Pero, además, y como lo explica Eddy Olivares, miembro de la Junta Central Electoral, en un artículo publicado recientemente en este periódico, la que se adquiere por naturalización es una nacionalidad mutilada: excluye, y no es poco, del derecho político fundamental de ser elegido a cargos de dirección del país al que se pertenece. Una especie de irredimible minoría de edad ciudadana.
Volvemos, pues, al punto de origen. La sentencia del TC no versa sobre migración, aunque los jueces usurparan las funciones de las autoridades del área y les dieran plazos conminatorios: es una sentencia sobre la nacionalidad que despoja a personas de derechos constitucionalmente adquiridos.Este despojo no puede ser subsanado con la naturalización propuesta en el plan de regularización.
No somos obtusos. Entendemos que el gobierno del presidente Medina está formalmente obligado a acatar la sentencia del TC. Empero, no es este el caso de quienes propugnan la enmienda de la execrable decisión. Este capítulo por la vigencia de los derechos humanos y la democracia aún no termina

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