Alejandro García Padilla
Por Néstor Rosa-Marbrell
San Juan, 30 nov (PL) El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García , ha abierto las puertas a su primer gran conflicto laboral a 23 meses de haber asumido al decretar un cierre mañana de la transportación pública.
Ante la insuficiencia de fondos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el mandatario ordenó suspender sus labores, junto a los servicios de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), el Tren Urbano y el transporte marítimo entre el Viejo San Juan y el municipio de Cataño, al otro lado de la bahía.
Esta medida, considerada por los gremios de “cierre patronal”, dejará sin servicio de transportación pública a unos 75 mil residentes del área metropolitana de San Juan, que comprende varios municipios contiguos.
La alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz, ha habilitado un sistema, que costará miles de dólares a las arcas del ayuntamiento, para satisfacer las demandas de transporte de los residentes de San Juan.
La decisión de García es parte de su forcejeo con la Asamblea Legislativa, a la que convocó hace una semana a una sesión extraordinaria, pero tras abrir los trabajos recesó hasta mañana lunes, para atender un alza al impuesto al petróleo, bautizada como “la crudita”.
Varios sindicatos, como la Unión Independendiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), una corporación pública, han aprovechado impulsar sus reclamos mediante paros de 24 horas o protestas frente al Capitolio, sede de la Asamblea Legislativa.
La Cámara de Representantes reanudará sus trabajos mañana, aunque todavía no cuenta con los votos necesarios para la aprobación de “la crudita”, debido a la resistencia mostrada por al menos tres diputados del oficialista Partido Popular Democrático (PPD).
Uno de ellos, el diputado Manuel Natal, ha propuesto que en lugar de encarecer la vida de los trabajadores con más gravámenes, que se imponga arbitrio a las ganancias de las corporaciones foráneas, que permitiría inyectar liquidez a las desvalijadas arcas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
La presidenta del BGF, Melba Acosta, ha defendido el alza al impuesto al petróleo para utilizarlo como garantía a una emisión de bonos que, entre otros objetivos, tiene el propósito de librar a la ACT de una deuda de 2.200 millones de dólares.
La restructuración de la deuda de la ACT, según el ejecutivo, es necesaria para continuar sus operaciones, ya que no tiene fondos ni siquiera para cubrir la nómina de la próxima quincena.
El anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) ha manifestado su rechazo al impuesto y anticipó que votará en contra, al igual que lo ha anuncia la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), al condenar este paso.
El PNP es responsable de gran parte de la deuda pública de más de 70.000 millones de dólares que tiene el gobierno de Puerto Rico, debido a las emisiones de bonos para construir un fastuoso Centro de Convenciones, en San Juan, el Coliseo de Puerto Rico y el Tren Urbano, sin contar con fuentes de repago.
Diversos sindicatos, al igual que el PIP, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), el Partido del Pueblo Trabajador y el Movimiento Unión Soberanistas se manifestarán mañana frente al Capitolio.
Mientras que la UIA anunció que lo hará ante el Ministerio del Trabajo, en el sector bancario de Hato Rey, debido a la negativa de la gerencia de la AAA de negociar ajustes a la luz de la Ley 66 de 2013, que como parte de la reorganización fiscal del gobierno le resta conquistas a los trabajadores.
La Federación de Maestros de Puerto Rico anunció, por voz de su presidenta María Elena Lara, que protestará contra la reducción del bono navideño a los docentes.
Algunos analistas consideran que, a partir de mañana, el gobernador García enfrentará su etapa más difícil desde que asumió el 2 de enero de 2013, porque no solo tiene a gran parte de los gremios en contra, sino conflictos al interior del PPD, que preside
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