SANTO DOMINGO: El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó ayer la suspensión, de manera cautelar, de la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que establece la redistribución de diputados conforme a la densidad poblacional en las elecciones del 15 de mayo de 2016.
De inmediato el presidente de la JCE, Roberto Rosario, dijo que el pleno de la institución revisará a más tardar este viernes su resolución sobre la redistribución de los diputados en función del último Censo Nacional de Población y Vivienda.
La resolución para redistribuir a los diputados otorgaba ocho escaños más a la provincia Santo Domingo y uno adicional a La Altagracia. Esas nueve diputaciones se les restaban a nueve provincias que perdieron población o que no ganaron nuevos ciudadanos.
La resolución número 06/2015, que suspendió el TSA, fue emitida por la JCE el 5 de julio del 2015, siendo impugnada por el gobernante Partido de la Libecación Dominicana (PLD) el 29 de septiembre de ese mismo año, a cuya instancia se sumaron varios partidos, incluyendo el Revolucionario Dominicano (PRD), porque la decisión les traía inconvenientes internos.
La presidenta del TSA, Delfina Amparo de León Salazar, adoptó la decisión acogiendo la solicitud de medida cautelar interpuesta por el PLD, hasta tanto intervenga la sentencia que decidirá sobre el recurso contencioso administrativo que también sometió el partido oficialista en busca de la nulidad de la resolución de la JCE.
“La Presidencia de este tribunal después de estudiar la presente solicitud de medida cautelar ha podido verificar que el interés de la generalidad no se verá comprometido con la imposición de una providencia”, consideró.
La jueza precisó en su sentencia que el tercer punto que hay que tener en cuenta al adoptar la providencia es que no perturbe de manera grave el interés público o de los terceros que son partes en el proceso.
Apuntó que la Constitución de la República establece en su disposición transitoria décimo cuarta que “por excepción, las asambleas electorales para elegir las autoridades municipales se celebrarán en el año 2010 y 2016 el tercer domingo de mayo”.
Rosario, sin embargo, reafirmó su creencia y la de todos los magistrados de la JCE de que con la disposición cumplían con un mandato constitucional.
De inmediato el presidente de la JCE, Roberto Rosario, dijo que el pleno de la institución revisará a más tardar este viernes su resolución sobre la redistribución de los diputados en función del último Censo Nacional de Población y Vivienda.
La resolución para redistribuir a los diputados otorgaba ocho escaños más a la provincia Santo Domingo y uno adicional a La Altagracia. Esas nueve diputaciones se les restaban a nueve provincias que perdieron población o que no ganaron nuevos ciudadanos.
La resolución número 06/2015, que suspendió el TSA, fue emitida por la JCE el 5 de julio del 2015, siendo impugnada por el gobernante Partido de la Libecación Dominicana (PLD) el 29 de septiembre de ese mismo año, a cuya instancia se sumaron varios partidos, incluyendo el Revolucionario Dominicano (PRD), porque la decisión les traía inconvenientes internos.
La presidenta del TSA, Delfina Amparo de León Salazar, adoptó la decisión acogiendo la solicitud de medida cautelar interpuesta por el PLD, hasta tanto intervenga la sentencia que decidirá sobre el recurso contencioso administrativo que también sometió el partido oficialista en busca de la nulidad de la resolución de la JCE.
“La Presidencia de este tribunal después de estudiar la presente solicitud de medida cautelar ha podido verificar que el interés de la generalidad no se verá comprometido con la imposición de una providencia”, consideró.
La jueza precisó en su sentencia que el tercer punto que hay que tener en cuenta al adoptar la providencia es que no perturbe de manera grave el interés público o de los terceros que son partes en el proceso.
Apuntó que la Constitución de la República establece en su disposición transitoria décimo cuarta que “por excepción, las asambleas electorales para elegir las autoridades municipales se celebrarán en el año 2010 y 2016 el tercer domingo de mayo”.
Rosario, sin embargo, reafirmó su creencia y la de todos los magistrados de la JCE de que con la disposición cumplían con un mandato constitucional.
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