SANTO DOMINGO (EFE).- La directora ejecutiva del movimiento Participación Ciudadana, Rosalía Sosa Pérez, criticó hoy la variación de la medida de prisión preventiva por garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida concedida a dos de los implicados en el caso Odebrecht en República Dominicana.
Este viernes, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, dispuso conmutar la coerción del empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, que cumplen prisión preventiva en la cárcel de Najayo, por el pago de multas de 70 y 50 millones de pesos (un millón y medio y un millón de dólares, respectivamente).
La excarcelación a cambio de la multa, la presentación periódica y el impedimento de salida del país suponen, según Sosa Pérez, que “la lucha contra la corrupción en el país solo son letras muertas, discursos vacíos para engañar a la ciudadanía”, ya que “las leyes se acatan y no se cumplen”.
En un comunicado, la responsable de la entidad dijo que habría que preguntarse si los supuestos en los que se basó el magistrado para imponer la prisión preventiva han sido modificados.
“Asumimos que la imposición de la prisión preventiva no solo se basó en el peligro de fuga, sino que además existen pruebas suficientes de causa probable de ser autores o cómplices, y podrían poner en peligro el proceso de investigación obstaculizando la averiguación de la verdad”, afirmó.
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