EDITORIAL DEL NACIONAL: Fallo histórico


Con la sentencia de la jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras que anula 1,066 títulos de propiedad sobre terrenos de Bahía de Las Águilas, se reivindica el ordenamiento jurídico nacional lacerado por cruento acto de defraudación perpetrado hace 17 años desde esferas del Gobierno.

La magistrada Alba Luisa Beard Marcos dijo que durante el juicio se comprobó que esos certificados fueron expedidos mediante un concierto de voluntades que tenía el propósito común de defraudar al Estado bajo la apariencia de un asentamiento agrario.

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) distribuyó en esa oportunidad centenares de parcelas a supuestos campesinos para “cultivar” sobre arena y mar, lo que obviamente se convirtió en fuente primaria de fraude e ilegalidad, que mediante influencia política y argucias procesales se cubrió con denso manto de impunidad.Mediante esa sentencia, que consta de 300 páginas, los terrenos de Bahía de las Águilas regresan al Estado, su legítimo propietario, que una vez adquiera la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, podrá iniciar el anhelado proyecto de convertir a Bahía de las Águilas en el cuarto polo turístico de la República.

Con esa sentencia ha ganado el bien común y la justicia ha recuperado su buen nombre en materia inmobiliaria, manchado hace 17 años con tinte de defraudación que parecía indeleble, pero que ha sido borrado por una decisión valiente y justa en forma y fondo.

Sustentado en un legajo de irrefutables pruebas y evidencias, el fallo de la magistrada Beard Marcos pudo demostrar que se produjo un fraude colosal contra el Estado dominicano y que los títulos emitidos son irregulares y, por tanto, nulos.

El tiempo ha conferido la razón al presidente Danilo Medina al aceptar el pedido de amplios sectores ciudadanos para que el Gobierno se abstuviera de negociar con los alegados propietarios de terrenos de Bahía de las Águilas y esperara a que ese caso se ventilara en los tribunales, antes de iniciar el proyecto de convertir al suroeste en un polo turístico.

Con esa decisión de la Octava Sala del Tribunal de Tierras, el sistema judicial recupera un eslabón perdido hace 17 años, por lo que sobran los motivos para que la sociedad dominicana celebre lo que se define como un triunfo de la justicia y del derecho.

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