Por: ALBERTO GARCÍA HUERTA |SANTO DOMINGO, 14 enero, 2015.- Representantes de más de 100 organizaciones campesinas, profesionales, comerciales, culturales, deportivas, sindicales, gremiales, religiosas se oponen a la instalación de una planta de explosivos en la empresa minera Barrick Gold.
Las organizaciones están agrupadas en el Bloque de la Unidad y el Desarrollo Cotuisano y de la provincia Sánchez Ramírez.
Las entidades expresaron su oposición a la instalación de una planta de explosivo por la empresa transnacional, a través de un documento entregado en el Palacio Nacional, por considerarla un riesgo adicional a la crisis medio ambiental existente con la explotación cielo abierto y el uso de cianuro.
Entienden que esto sería un nuevo elemento de contaminación como ocurre con las presas de colas construidas por la Rosario Dominicana y la construida en El Yagal por la empresa minera Barrick Gold.
En el documento piden al presidente Danilo Medina su intervención a favor de los municipios de la provincia Sánchez Ramírez, para que la Barrick Gold entregue el 5% de los beneficios netos de la explotación del oro y la plata de Pueblo Viejo.
También, la construcción de obras prioritarias en los diferentes municipios, así como denuncian la falta de transparencia, el incumplimiento de los representantes locales, provinciales y nacionales.
En el documento entregado en el Palacio Nacional al viceministro Henry Molina por Oscar Pérez Núñez, Humberto Frías Agramonte, Arsenio Rodríguez, Néstor Vásquez, Isabel Estévez, Carmen Santana, Nelson Robles, María Galvez, entre otros, destacan el estado de pobreza y contaminación extrema que afecta a la provincia Sánchez Ramírez.
Atribuyen esta situación a lo que consideran la incapacidad y negligencia de las autoridades locales y provinciales para enfrentar el estado en que se encuentra la provincia.
Asimismo, destacan el impacto negativo de la contaminación y el descuido en las comunidades que ocasionan la Barrick Gold y otras tres empresas dedicadas en la zona a la explotación de los yacimientos mineros.
Reclaman que se cumpla lo establecido en la legislación ambiental vigente que ordena la entrega directa a las comunidades del 5% de los beneficios netos de la explotación de los recursos naturales.
Informan que se han constituido en comité de vigilancia para el manejo de los fondos mineros que se entregan a las instituciones competentes en la provincia Sánchez Ramírez.
Pide que hasta que sea completado el proceso de revisión y aplicación del plan de desarrollo provincial la presidencia de la República, asuma la construcción de las obras fundamentales y de urgencia para el desarrollo de la provincia.
Entre las obras que reclaman se encuentran la construcción del acueducto múltiple de la provincia Sánchez Ramírez, un puente sobre el Río Yuna, el campus universitario de la UASD-Cotuí, una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cotuí, construcción y reparación de caminos vecinales.
Asimismo, las carreteras que dan acceso a los municipios de la provincia, construcción, reparación y asfaltado de las calles de todos los barrios de los municipios de la provincia, construcción del centro de convenciones y plaza de la cultura de la provincia.
También, la instalación de una industria que genere empleos no mineros con los fondos provenientes de la Barrick Gold, así como el aumento de la cuota laboral del personal de la provincia en la minera, la construcción de instalaciones deportivas en todos los barrios y municipios de la provincia.
También piden al presidente emitir un informe sobre el alarmante nivel de contaminación y los riesgos a que están expuestas las comunidades circundantes a las operaciones mineras de la empresa minera Barrick Gold, así como los municipios.
De igual modo, solicitan incluir el traslado y el pago justo de sus predios de las cuatro comunidades afectadas por la contaminación.
Advierten que en caso de no tomarse en cuenta las solicitudes reiniciarán un proceso de luchas sociales en la región del Cibao Central, y responsabilizan a la Barrick Gold y al Gobierno, así como a las autoridades locales de las consecuencias.
Muestran su disposición de declararse en estado de lucha permanente en defensa de sus derechos y alerta por el alto riesgo al que están expuestas sus vidas amenazadas por la contaminación de la minería irresponsable, así como el abandono estatal y el atropello a que son sometidos los habitantes de la provincia.
De igual modo, resaltan que han sido mal representados por el liderazgo político y gubernamental durante las últimas décadas, lo que atribuyen al fracaso de la gestión gubernamental, local y provincial.
Destacan que después de décadas recientemente es que se ha anunciado la conformación del plan de desarrollo provincial, pero que en la práctica se denota las deficiencias propias de la improvisación y la prisa coyuntural.
“El panorama de nuestro pueblo resulta más desolador con la agravante de la poca transparencia en el manejo de los recursos provenientes de las asignaciones en provecho de nuestros municipios, incluyendo los desaciertos en el manejo de los fondos mineros desde la década de los 80 hasta la fecha actual”, precisa el documento.
Consideran que la primera partida de recursos que ingresó a la provincia debió invertirse en la elaboración de un plan de desarrollo bien sopesado en el tiempo y la tecnología moderna y elaborado con el mayor nivel de participación social, pero que la improvisación ha generado un proyecto de desarrollo provincial que necesariamente deberá ser sometido a una revisión técnica, institucional y financiera.
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