EU entra en la ‘LISTA NEGRA’ de la CIDH

WASHINGTON.- La  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mencionó por primera vez a Estados Unidos en su lista negra del panorama general de problemas y desafíos que enfrenta la región, a causa de su manejo del centro de detención de Guantánamo. Y en esa lista negra comparte lugar con Ecuador, República Dominicana, Cuba, Honduras y Venezuela.
La opinión de la CIDH es que Washington ha fallado en su deber de garantizar el derecho a la libertad de las personas detenidas en la Base Naval de Guantánamo, ubicada sobre la costa sudeste de Cuba.
Desde la apertura misma del centro de detención, a principios de 2002, la Comisión ha recomendado su cierre inmediato y en varias oportunidades ha solicitado sin éxito permiso para visitar la base y entrevistar libremente a los detenidos.
En mayo de 2013, la CIDH reiteró su llamado a acabar con la detención indefinida de los presos de Guantánamo, que calificó como una “flagrante violación al derecho internacional” y como “una forma de trato cruel, inhumano y degradante”.
Tres meses antes, varios de los detenidos iniciaron una huelga de hambre para demandar un cambio de su detención y fueron sometidos a tratamientos de alimentación forzada que la comisión tildó de “injustificables”.
La CIDH prepara actualmente un informe temático sobre la situación de los presos de Guantánamo, donde promete abordar “los sucesos recientes relacionados con las condiciones de detención, el acceso a representación legal y las restricciones de los traslados”, entre otros asuntos.
A tales fines y durante el último semestre de 2013, la comisión convocó varias audiencias públicas en las que Estados Unidos no presentó alegatos, bajo la excusa de que el cierre del Gobierno –en octubre de 2013—le impidió preparar su defensa.
En su labor de monitoreo anual del panorama de los derechos humanos en el hemisferio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha detenido también en la nueva jurisprudencia adoptada por Ecuador y República Dominicana que lesiona, respectivamente, el derecho de sus ciudadanos a la libre expresión y a la nacionalidad.
En el caso de Ecuador, el informe se refiere a la Ley Orgánica de Comunicación promulgada por el presidente Rafael Correa en junio de 2013, que impone mayores restricciones y obligaciones a los medios de comunicación social, “que podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y generar un fuerte efecto intimidatorio, incompatible con una sociedad democrática”.