Por: ROLANDO DE LA RIBERA |
(Un análisis)
SANTO DOMINGO, 29 diciembre, 3025 (PL).- La campaña electoral para los comicios de mayo de 2016 comenzó temprano, cuando un sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pensó en reelegir a presidente Danilo Medina aprovechando su popularidad.
Esa iniciativa generó fricciones internas entre "danilistas" y partidarios del ex mandatario Leonel Fernández ("leonelistas"), y el partido estuvo al borde de su división.
Finalmente Fernández cedió aunque impuso condiciones, como introducir mecanismos que impidan más modificaciones constitucionales y facilitar la reelección de parlamentarios.
El Comité Político del PLD tomó esa decisión por mayoría en abril y a mediados de junio el Congreso Nacional modificó la Constitución para introducir la reelección.
A partir de ese momento, un sector de la oposición liderado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) impulsó la candidatura de Luis Abinader y comenzó a buscar alianzas.
Aglutinando a los descontentos con Medina, Abinader logró aliarse con el Frente Amplio y otros grupos de izquierda y democráticos que formaron la Convergencia por un mejor país.
Pero también, casi a fines de año, concertó una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sobre la base de concesiones que los otros aliados ahora reclaman también.
Medina, por su parte, logró una alianza con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), una fuerza importante con muchos adeptos a pesar de la escisión por la formación del PRM.
El presidente tiene a su favor la construcción de miles de escuelas donde implanta la Tanda Extendida (doble sesión de clases con alimentación) y la construcción de viviendas.
También impulsa el turismo, creó casi 400 mil empleos y distribuye créditos a campesinos y pequeños empresarios a través de visitas directas a las comunidades.
Un controvertido esfuerzo por regularizar la situación de los inmigrantes ilegales concluyó este año y a él se sumaron más de 288 mil personas, en su mayoría haitianos.
De estas solicitudes se aprobaron 239 mil 956 y hasta la fecha se entregaron documentos a 183 mil 641 extranjeros.
Haití fue incapaz de responder a la demanda de documentos para asentar a sus nacionales y ello llevó a miles de ilegales a regresar a ese país ante la posibilidad de ser deportados.
El Plan Nacional de Regularización fue criticado no sólo por el gobierno haitiano, sino por otros países y organizaciones humanitarias contrarias a la deportación de ilegales.
Al calor de la crisis migratoria Puerto Príncipe prohibió la importación terrestre de 23 productos dominicanos para favorecer a sus empresarios y cobrar más impuestos.
La medida empobrece aún más a los haitianos, aumenta el contrabando e incrementa la carestía de los alimentos en un país que cierra el año con inflación del 12 por ciento.
Aunque según los resultados macro-económicos, el PIB dominicano crece este año alrededor de un siete por ciento, eso no se refleja en calidad de vida ni en la distribución.
Las centrales sindicales confirman que decayó en un cinco por ciento en los últimos dos años el consumo de los hogares y el incremento salarial del sector público no llega.
El crecimiento económico estuvo sustentado en las zonas francas, el turismo, la construcción y el comercio, pero cayó en el sector agropecuario que genera alimentos y empleos.
Los sindicatos denuncian muertes por accidentes y enfermedades por falta de seguridad laboral, violaciones de la libertad sindical e intentos de suprimir derechos adquiridos.
En 2015 estallaron varios escándalos de corrupción y el último llevó a suspender a seis jueces, algunos de los cuales ya están a disposición de los tribunales.
Están acusados de manipular procesos y expedir sentencias favorables a personas acusadas de delitos tan graves como narcotráfico, estafas y asesinatos.
Antes el senador Félix Bautista, secretario de organización del PLD, fue acusado de lavado de activos en manejo de más de 26 mil millones de pesos, pero el caso quedó impune.
Hace pocos meses se descubrió una red de extorsión en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), detonada por el suicidio de una de sus víctimas.
La forma en que han sido agredidas por la policía los que protestaban contra la corrupción frente a la sede de la Oisoe confirman un retroceso en materia de derechos humanos.
En ese sentido, Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denunció arrestos ilegales, asesinatos y torturas perpetrados por policías.
. El autor es corresponsal de Prensa Latina en República Dominicana.
(Un análisis)
SANTO DOMINGO, 29 diciembre, 3025 (PL).- La campaña electoral para los comicios de mayo de 2016 comenzó temprano, cuando un sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pensó en reelegir a presidente Danilo Medina aprovechando su popularidad.
Esa iniciativa generó fricciones internas entre "danilistas" y partidarios del ex mandatario Leonel Fernández ("leonelistas"), y el partido estuvo al borde de su división.
Finalmente Fernández cedió aunque impuso condiciones, como introducir mecanismos que impidan más modificaciones constitucionales y facilitar la reelección de parlamentarios.
El Comité Político del PLD tomó esa decisión por mayoría en abril y a mediados de junio el Congreso Nacional modificó la Constitución para introducir la reelección.
A partir de ese momento, un sector de la oposición liderado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) impulsó la candidatura de Luis Abinader y comenzó a buscar alianzas.
Aglutinando a los descontentos con Medina, Abinader logró aliarse con el Frente Amplio y otros grupos de izquierda y democráticos que formaron la Convergencia por un mejor país.
Pero también, casi a fines de año, concertó una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sobre la base de concesiones que los otros aliados ahora reclaman también.
Medina, por su parte, logró una alianza con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), una fuerza importante con muchos adeptos a pesar de la escisión por la formación del PRM.
El presidente tiene a su favor la construcción de miles de escuelas donde implanta la Tanda Extendida (doble sesión de clases con alimentación) y la construcción de viviendas.
También impulsa el turismo, creó casi 400 mil empleos y distribuye créditos a campesinos y pequeños empresarios a través de visitas directas a las comunidades.
Un controvertido esfuerzo por regularizar la situación de los inmigrantes ilegales concluyó este año y a él se sumaron más de 288 mil personas, en su mayoría haitianos.
De estas solicitudes se aprobaron 239 mil 956 y hasta la fecha se entregaron documentos a 183 mil 641 extranjeros.
Haití fue incapaz de responder a la demanda de documentos para asentar a sus nacionales y ello llevó a miles de ilegales a regresar a ese país ante la posibilidad de ser deportados.
El Plan Nacional de Regularización fue criticado no sólo por el gobierno haitiano, sino por otros países y organizaciones humanitarias contrarias a la deportación de ilegales.
Al calor de la crisis migratoria Puerto Príncipe prohibió la importación terrestre de 23 productos dominicanos para favorecer a sus empresarios y cobrar más impuestos.
La medida empobrece aún más a los haitianos, aumenta el contrabando e incrementa la carestía de los alimentos en un país que cierra el año con inflación del 12 por ciento.
Aunque según los resultados macro-económicos, el PIB dominicano crece este año alrededor de un siete por ciento, eso no se refleja en calidad de vida ni en la distribución.
Las centrales sindicales confirman que decayó en un cinco por ciento en los últimos dos años el consumo de los hogares y el incremento salarial del sector público no llega.
El crecimiento económico estuvo sustentado en las zonas francas, el turismo, la construcción y el comercio, pero cayó en el sector agropecuario que genera alimentos y empleos.
Los sindicatos denuncian muertes por accidentes y enfermedades por falta de seguridad laboral, violaciones de la libertad sindical e intentos de suprimir derechos adquiridos.
En 2015 estallaron varios escándalos de corrupción y el último llevó a suspender a seis jueces, algunos de los cuales ya están a disposición de los tribunales.
Están acusados de manipular procesos y expedir sentencias favorables a personas acusadas de delitos tan graves como narcotráfico, estafas y asesinatos.
Antes el senador Félix Bautista, secretario de organización del PLD, fue acusado de lavado de activos en manejo de más de 26 mil millones de pesos, pero el caso quedó impune.
Hace pocos meses se descubrió una red de extorsión en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), detonada por el suicidio de una de sus víctimas.
La forma en que han sido agredidas por la policía los que protestaban contra la corrupción frente a la sede de la Oisoe confirman un retroceso en materia de derechos humanos.
En ese sentido, Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denunció arrestos ilegales, asesinatos y torturas perpetrados por policías.
. El autor es corresponsal de Prensa Latina en República Dominicana.
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