SANTO DOMINGO.-El Poder Ejecutivo estudia un anteproyecto de ley que prohibiría que los condenados por corrupción participen en procesos de compras y contrataciones públicas del Estado, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena.
Tampoco podrían ser proveedores del Estado los parientes de funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de la institución contratante.
El anteproyecto de ley, en cuya elaboración participó una comisión de técnicos, juristas e instituciones, cuenta con el apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que considera que el sistema de compras y contrataciones públicas del país amerita una reforma urgente y sustancial.
Procesos democráticos
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, explicó que un eventual anteproyecto legislativo, que reforme la actual norma de compras y contrataciones públicas, democratizaría los procesos en la relación Estado-ciudadanía, logrando un gran avance institucional en materia de calidad administrativa, transparencia, seguridad jurídica y gobernabilidad democrática.
El propio presidente Danilo Medina, durante su discurso de rendición de cuentas, informó que presentaría un anteproyecto de ley que haga más transparente el proceso de compras públicas, y en el que puedan participar aun más empresarios.
“A pesar de que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha logrado hacer un trabajo encomiable frente a los fuertes obstáculos que le presenta la normativa actual se ha visto con múltiples limitaciones para combatir la corrupción y crear un clima de transparencia en el marco de este sistema”, dijo Castaños.
Aseguró que el respaldo de Finjus a esa nueva iniciativa responde al compromiso inaplazable de mejorar los mecanismos legales y las políticas públicas para el funcionamiento económico y transparente del Estado.
Opinó que toda la ciudadanía debe participar en el proceso de reforma y el Poder Ejecutivo comprometerse a hacer todo lo necesario para generalizar la discusión y consensos que, en otros ámbitos, han logrado dar con las trasformaciones.
Nueva normativa
Entre los puntos que contiene el anteproyecto y que mejorarían la actual legislación está la definición de concesión de manera clara y sin ambigüedades; la distinción entre contrato de obra pública y de consultoría, así como el esclarecimiento de los distintos estados de excepción contemplados en la Constitución.
También queda clara la fase de precalificación y se prohíbe el fraccionamiento de los contratos, entre otros.
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