En el país, determinados colmados, trabajadores del transporte de pasajeros y hasta venduteros se resisten a aceptar la moneda de un peso como pago por la venta de sus productos o por servicio ofrecido.
Es una práctica que ha ido en crecimiento, sin que haya una justificación valedera para ello, tomando en cuenta que la moneda no ha sido retirada de circulación por los organismos competentes. Las excusas para no aceptar el pago en la citada denominación varían y algunas de ellas sugieren que “es muy incómodo tener tantos pesos juntos”, o simplemente que cuando se juntan pesan mucho en un bolsillo o que ocupan mucho espacio.
Por ejemplo, algunos transportistas de la ruta 37 de autobuses –en la capital- alegan que “andar con 100 pesos de esos arriba es muy traumático”, y algo parecido argumentan choferes de carros públicos de una ruta en la avenida San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este.
Pero ocurre lo mismo con algunos conductores de rutas del sector Buenos Aires, Herrera, Santo Domingo Oeste.
El artículo 25 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, cuando se refiere a la Emisión de la Moneda, en la parte sobre Canje y Retiro -letra b- explica que el Banco Central retirará de circulación los billetes y monedas deteriorados por el uso mediante su canje por otros aptos para circular (…). Mientras, el mismo artículo 25, en la letra C, sobre Denominaciones, indica que “la Junta Monetaria determinará de acuerdo a la ley las denominaciones de los billetes y monedas de curso legal y sus características, así como la eliminación de emisiones en circulación; los cambios o eliminación de emisiones deberán ser comunicados al público en general con la antelación suficiente para prevenir adecuadamente a la población. Y como parte de esas competencias, por ejemplo, recientemente –el pasado 8 de octubre- el Banco Central de República Dominicana informó que está circulando la moneda de RD$5.00, del año 2019. El organismo emisor informó que esa moneda posee las mismas características de las monedas de RD$5.00 actualmente en circulación, variando solamente el año de acuñación, las cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.
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