En los últimos años las autoridades han desarrollado 32 operaciones enfocadas en la desarticulación de redes de criminalidad organizada.
La trata de personas es considerada uno de los delitos más lucrativos en el mundo, junto al narcotráfico y el contrabando de armas. Es llamada por algunos investigadores como “la esclavitud del siglo XXI”.
En República Dominicana suele estar relacionada con redes criminales, que operan tanto local como internacional, según miembros de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT).
Entre 2021 y 2025, las autoridades dominicanas han intervenido desde zonas turísticas hasta áreas urbanas densamente pobladas, en acciones que combinan allanamientos, rescates de víctimas y la desarticulación de estructuras dedicadas al proxenetismo, la explotación sexual y otras modalidades de este delito.
En este periodo han destacado unas diez operaciones, las cuales revelan la diversidad de contextos en los que operan las redes, así como las distintas metodologías empleadas para captar, trasladar, retener y explotar a mujeres, hombres y menores de edad, tanto dominicanos como extranjeros.
Cada una de ellas muestran patrones que se repiten, pero también modalidades más complejas vinculadas al turismo sexual, el tráfico transnacional o, incluso, la producción de contenido de abuso infantil.
¿Cómo están conformadas las redes?
Las estructuras criminales incluyen reclutadores, encargados de captar a las víctimas mediante engaños o promesas laborales; transportistas y facilitadores que trasladan a las personas por rutas terrestres, marítimas o aéreas; y explotadores finales, quienes controlan los lugares donde se lleva a cabo la explotación, como bares, clubes, fincas o casas privadas.
“En muchos casos, estas organizaciones están vinculadas al crimen organizado transnacional, con conexiones en Haití, Colombia, Venezuela y otros países de la región, lo que facilita el movimiento de víctimas y el lavado de ganancias ilícitas”, explica a este medio Yoanna Bejarán, titular de la PETT. “Además, se han identificado nexos con redes dedicadas al narcotráfico, contrabando y falsificación de documentos, lo que incrementa la complejidad de las investigaciones y la necesidad de cooperación internacional para su desmantelamiento”.
Otros patrones de este delito en el país, según informes de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Citim), son tratantes que administran o propietarios de centros de diversión (hoteles, hostales, clubes nocturnos) o casas de cita, quienes manejan a personas bajo falsas promesas de empleo. Se ha detectado incluso la implicación de familiares de las víctimas en algunos casos, siendo parte del reclutamiento o explotación directa.
Operación Atlántico
El más reciente caso fue en julio de este año. El Ministerio Público puso en marcha la Operación Atlántico en Sosúa, Puerto Plata. En una primera fase, el 13 de julio, desplegó a 35 fiscales y más de 500 agentes de distintas instituciones, realizando 29 allanamientos en pensiones y centros de expendio de alcohol, donde se encontraron 174 mujeres (incluyendo 6 menores de edad), 22 hombres y armas, entre otros.
Como resultado de la segunda fase de esta ofensiva, la Fiscalía de Puerto Plata arrestó, conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a nueve personas, ocupó sustancias controladas e identificó y desmanteló múltiples centros de distribución de narcóticos.
Operación Begonias
Un mes antes, el Ministerio Público (MP) desplegó en Santo Domingo Este la Operación Begonias, resultado de meses de investigación, con múltiples allanamientos que permitieron rescatar a más de 40 mujeres, detener a ocho personas dominicanas y colombianas, e incautar dinero, seis vehículos, equipos electrónicos, drogas e inmuebles usados como centros de explotación.
La red captaba víctimas en Colombia con falsas ofertas de empleo como camareras o bartenders, luego les retenía los documentos, amenazaba a sus familiares y les imponía deudas de hasta 4,000 dólares como condición de “liberación”.
Operación venus
En febrero de este año se tiene registro del rescate de ocho mujeres colombianas que fueron traídas bajo engaños a la República Dominicana, para luego ser ofrecidas en discotecas, retenidas y obligadas a sostener relaciones sexuales. A este caso lo bautizaron "Operación Venus".
El documento judicial, presentado por la PETT, en coordinación con la Fiscalía Santo Domingo Oeste, refiere que inmediatamente las víctimas pisaban suelo dominicano, les eran retenidos sus pasaportes y eran obligadas a pagar una supuesta deuda de US$3,500; dicha suma debían pagarla con trabajo sexual ofrecido a diferentes clientes directos, gestionados por sus tratantes en discotecas y parques de la capital dominicana.
“La Mansión”
Mientras que, en agosto de 2024, en Bávaro-Punta Cana, se logró desarticular una red criminal que operaba en una residencia conocida como “La Mansión”. Allí se rescataron 20 mujeres, incluidas menores, de diversas nacionalidades (dominicanas, haitianas, venezolanas y colombianas), quienes eran explotadas sexualmente en “cristales” y bares que funcionaban como fachadas. Por el hecho fueron arrestados varios implicados.
Operación Flor de Loto
Luego de varios meses de seguimiento y vigilancia, la Fiscalía de Santiago y la PETT lograron rescatar 43 mujeres colombianas y dos venezolanas, a quienes los tratantes y proxenetas mantenían cautivas en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, de Los Rieles de Gurabo, en donde eran explotadas sexualmente.
El Ministerio Público depositó en julio de 2024 la instancia de solicitud de medidas de coerción en contra de los cabecillas de esta estructura criminal. Según los documentos depositados, estos viajaban hasta Colombia para seleccionar y reclutar a las víctimas.
Asimismo, se hacían cargo de procesos migratorios y de vivienda, atando con esta deuda a las víctimas, quienes debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para poder saldar lo costeado.
Otros casos
Un caso con poca exposición pública fue “Golden Hoops”. Gracias a una denuncia de Interpol, una investigación de la PETT detectó una red que abusaba de una niña de 2 años y otros menores de edad con el fin de vender sus imágenes en la dark web.
En septiembre de 2023 se dio el caso “Los Foráneos”, en Punta Cana. Fueron rescatadas cinco víctimas peruanas y colombianas, mientras que dos hombres peruanos fueron arrestados junto con otros involucrados por agresión y explotación sexual. Asimismo, la PETT logró avanzar en la judicialización del caso.
En agosto de ese mismo año hubo un caso identificado como “La Vuelta”, en Santiago. La alerta la dieron dos víctimas que lograron fugarse de esta red de explotación sexual. Tras la denuncia, fue posible rescatar a seis mujeres colombianas y una venezolana, quienes estaban retenidas en condiciones de secuestro.
Foto ilustrativa del delito explotación sexual y trata de personas.
De Francia a RD
Un caso que evidenció la naturaleza internacional de estas redes y la necesidad de colaboración transfronteriza sucedió en julio de 2023. Fue desarticulada una red dirigida desde República Dominicana que traficaba mujeres sudamericanas hacia Francia para su explotación sexual, en una acción coordinada con autoridades francesas, españolas e italianas.
Esta operación culminó con el rescate de 41 víctimas y la detención de los cabecillas en La Vega, quienes posteriormente serían juzgados en Francia.
Rescate de víctimas durante interdicción por la Operación Cattleya.
Operación Cattleya
Una de las más llamativas de estos años fue la Operación Cattleya. Tras una investigación de nueve meses, el 4 de agosto de 2022 el Ministerio Público puso en marcha decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, con los que logró rescatar a más de 80 mujeres y presentó cargos contra 10 personas de distintas nacionalidades, entre ellas venezolanos, colombianos y dominicanos.
La red captaba mujeres, en su mayoría jóvenes de 18 a 23 años provenientes de Colombia y Venezuela, atrayéndolas con promesas de trabajos bien remunerados. Sin embargo, las víctimas eran retenidas y explotadas en establecimientos como el Hotel Caribe, del sector Gascue en el Distrito Nacional, y el Residencial Coco Real, en Punta Cana.
Este año nueve de los acusados fueron sentenciados a 20 años de reclusión y al pago de 150 salarios mínimos, otros cuatro recibieron condenas de tres años de prisión por proxenetismo, mientras que un imputado fue sentenciado a seis meses de prisión suspendida por posesión ilegal de marihuana.
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