Santo Domingo.– Participación Ciudadana (PC), consideró que el hecho de no haber designado el sustituto de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas le otorga ventajas al precandidato presidencial del PLDy vulnera el principio de igualdad que debe existir entre los aspirantes.
PC, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresó que la equidad que manda la Constitución en la competencia preelectoral y electoral es el gran reto que enfrenta la Junta Central Electoral (JCE).
La entidad, en el marco del Programa de Observación Electoral 2020, señala casos que transgredan principios fundamentales de la democracia y la equidad en la contienda electoral.
“Como ocurre en la actualidad con el precandidato Gonzalo Castillo, quien renunció al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el pasado 05 de agosto, pero un mes después no ha sido sustituido, generando la percepción de que continua al frente de la institución, constituyendo esto una ventaja que rompe la equidad entre los distintos precandidatos que enfrenta”, observa.
“Mantener sin designar el sustituto de Gonzalo Castillo ha hecho que su renuncia sea una ficción, pues de conformidad con las leyes vigentes ninguno de los viceministros puede ostentar las funciones del ministro, quien debe ser sustituido mediante decreto por el Presidente de la República, como en efecto siempre se ha hecho, y lo que está sucediendo en términos reales es que, quien dirigió uno de los ministerios más grandes y con mayores presupuestos del gobierno central por más de 7 años, que inclusive ha excedido en los últimos años sus funciones suplantando atribuciones y competencias propias de los ayuntamientos no solo asfaltando calles, sino prestando servicios de limpieza, ornato, fumigación y asistencia social se mantiene en la práctica, utilizando incluso los colores del Ministerio en su precampaña”, manifestó a través de un comunicado.
La organización de la sociedad civil expresó que el período de precampaña tiene características particulares por estar regulado por una ley de partidos largamente deseada.
“Pero ha sido aprobada con claras violaciones a la Constitución y con muchas zonas grises, lo que no deja de constituir un gran reto para medir el grado de madurez de nuestra democracia y del Estado de Derecho y, sobre todo, la voluntad de nuestras autoridades electorales", expone.
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